Gerardo Ortiz quedó oficialmente vetado de Querétaro después de que autoridades estatales señalaran que durante su presentación en la Feria del Grano y la Cantera, en Pedro Escobedo, interpretó temas considerados como apología del delito. La decisión encendió nuevamente la polémica sobre los narcocorridos y las restricciones que varios estados han comenzado a imponer en espectáculos públicos.
El concierto se realizó el pasado 15 de mayo de 2026 como parte de las celebraciones por la fundación del municipio. Sin embargo, lo que parecía una noche más de música regional terminó convirtiéndose en un nuevo choque entre artistas y autoridades. Según reportes oficiales, Ortiz habría incluido canciones relacionadas con figuras del crimen organizado, algo que en Querétaro está prohibido dentro de eventos masivos autorizados por el gobierno.
Tras la presentación, las autoridades activaron las medidas contempladas en la política estatal de “cero tolerancia” contra contenidos musicales que promuevan o normalicen actividades delictivas. Como consecuencia, el intérprete podría quedarse sin posibilidad de volver a presentarse en conciertos, ferias y eventos públicos dentro del estado.
El gobierno queretano sostiene que ciertos corridos pueden representar una forma de exaltación de la violencia y del crimen organizado, razón por la cual endureció sus lineamientos para espectáculos musicales. Con esta postura, Querétaro se suma a entidades como Chihuahua, Baja California y Estado de México, donde también existen restricciones similares contra este tipo de contenido.
Las sanciones no solo afectan a los artistas. La legislación local contempla multas millonarias, suspensión inmediata de conciertos, clausuras temporales de recintos y hasta vetos definitivos para quienes reincidan. Además, empresarios, promotores y dueños de inmuebles también podrían enfrentar consecuencias legales si incumplen las condiciones establecidas por las autoridades.
El caso recordó de inmediato lo ocurrido con Edén Muñoz, quien el año pasado recibió una multa cercana a los 600 mil pesos tras interpretar fragmentos de canciones prohibidas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Desde entonces, el gobierno estatal incrementó la vigilancia sobre los repertorios musicales en conciertos y ferias públicas.
Ahora, el futuro de Gerardo Ortiz en Querétaro queda prácticamente congelado mientras las autoridades determinan el alcance administrativo del castigo. Lo que sí quedó claro es que el estado decidió endurecer su postura y convertir los narcocorridos en un terreno cada vez más riesgoso para artistas y organizadores.
